“El Gobierno es el mayor responsable”

El 10 de diciembre de 2013, todos los argentinos debimos estar de festejos por los 30 años de vida democrática ininterrumpida. Pero en Tucumán, como en otras provincias, la violencia, la muerte, el miedo, el descontrol y la anomia ganaron la calle y muchos argentinos estamos de duelo. Lamentablemente, una vez más hemos podido apreciar la existencia de dos Argentinas en un mismo país: una que festejaba y bailaba, y la otra que gemía y lloraba sus muertos y sus pérdidas.

La paz social es uno de los elementos básicos que integran el bien común; sin paz es imposible que las personas, los grupos sociales, la sociedad en su conjunto, puedan crecer y desarrollarse como corresponde. Por ser la paz social un ingrediente básico del bien común, todos, gobernantes y gobernados, somos responsables de ella. Sin embargo, la responsabilidad por lo ocurrido no recae de la misma manera en todos los integrantes de la sociedad. En primer lugar, al ser los gobernantes los primeros promotores del bien común, tienen el máximo de responsabilidad por lo sucedido. No es posible gobernar sólo para el día a día. Los conflictos, que son propios de la vida en sociedad, deben preverse para evitar que degeneren en situaciones como las que se han vivido en Tucumán, con gente que ha muerto, con miedo y terror, con saqueos, con personas armadas en la calle, con robos, sin seguridad de ninguna naturaleza. Y si el conflicto no pudo preverse, no se debió demorar un instante en la búsqueda de soluciones, sobre todo para seguir garantizando la vida y seguridad de todas las personas. 

Solucionado el conflicto salarial, los gobernantes deberán apoyar rápidamente a aquellos que injustamente han perdido parte de sus bienes y trabajo y estar atentos a los reclamos y posibles conflictos futuros para que nunca más debamos padecer lo que vivimos.

En segundo lugar, las fuerzas policiales deben asumir la enorme y grave responsabilidad que tienen respecto de esta situación. Hasta el más justo de los planteos pierde legitimidad cuando no se realiza por las vías que corresponden. La policía tiene derecho a pedir aumentos de sueldos cuando, como todos saben, los salarios son insuficientes para una vida digna de las personas; y llegado el caso extremo, con todas las instancias previas agotadas, la policía, como cualquier otro sector trabajador, tiene derecho a la huelga. Pero al mismo tiempo, las fuerzas del orden deben ser conscientes de que su forma de ir a esa huelga no puede ser igual a la de otros trabajadores, porque ellos son responsables del cuidado de la vida y bienes de la sociedad, tarea que debe ser mantenida pese al conflicto salarial.

Darle prioridad a un reclamo salarial antes que a la seguridad de la población es una conducta que defraudó la confianza depositada por la población en las fuerzas del orden, que vulneró la profesionalidad con la que deben actuar en todo momento, que desconoció cadenas de mando legales. La policía tucumana tendrá una ardua tarea para restablecer los vínculos que debe tener con la población en forma normal. Por último, amplios sectores de la ciudadanía deben asumir la responsabilidad que les corresponde en esta situación.

A diferencia del 2001, los saqueos no fueron realizados para buscar comida o bienes indispensables, sino para robar bienes suntuarios; no es que el hambre y la pobreza hayan desaparecido de nuestro medio -y esto también debe ser tenido en cuenta por las autoridades-, pero las filmaciones de lo ocurrido y los listados de elementos robados muestran otra cosa. Pudimos darnos cuenta que los delincuentes son muchos más de los que suponíamos y que muchos de ellos visten de ciudadanos decentes. 

Dice el Papa Francisco en su documento Evangelii gaudium: “Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia”. 

Sin embargo, todos deben entender que no es posible que porque la policía esté ausente de las calles, se crea que el robo deja de ser delito. No es posible que porque no haya quien vigile, se piense que todo está permitido. No es posible que el descontrol se apodere de la ciudad y haya quienes juzguen que las leyes no existen simplemente porque no hay quien castigue.

Lo peor es que se puso en riesgo y se afectó lo más preciado de una sociedad que es la vida humana; las pérdidas de bienes pueden ser solucionadas; las pérdidas de vidas no. La ley de la selva, que es lo que rigió en la provincia estos días, sólo es válida para la selva, nunca para una sociedad de personas racionales, libres y responsables.

La intervención de Monseñor Alfredo Zecca fue providencial a la hora de abrir un camino de diálogo que culminó en la firma de un acuerdo que tendió a descomprimir la situación; pero eso no cubre la multitud de errores que se dieron y que hay que evitar en el futuro. Una vez más quedó demostrado que el pedido insistente del Papa Francisco para que se dialogue y se busquen salidas razonadas, es la auténtica vía para construir una sociedad en paz.

============07 FIR Análisis (6975685)============